Este diseño tecnológico permite la instalación de paneles solares en cultivos sin alterar su producción. Actualmente, este equipo de investigación ha desarrollado un documento de recomendaciones políticas, técnicas y jurídicas para su implementación, dirigido a autoridades nacionales, regionales y gremiales.
Por María José Aragonés G. | Periodista Dirección General de Investigación, Innovación y Emprendimiento.
Chile es uno de los países más afectados por el cambio climático y la escasez hídrica en Latinoamérica, con proyecciones que alcanzan hasta un 30% de déficit de precipitaciones en la zona central. Este escenario afecta tremendamente la industria agrícola y ganadera, donde el uso eficiente del agua es uno de los grandes desafíos.
Este es precisamente el escenario que investigadores de la Universidad Técnica Federico Santa María, en colaboración con la Energy Partnership Chile-Alemania, implementada por la GIZ Chile (Sociedad Alemana de Cooperación Internacional), y Fraunhofer Chile Research, han decidido explorar con AgriPV (abreviación de “agricultura fotovoltaica” por sus siglas en inglés), tecnología que permite compatibilizar la generación de energía renovable y el cultivo agrícola, promoviendo la seguridad alimentaria e hídrica, resiliencia climática y la micro generación eléctrica distribuida.
“Proponemos una solución tecnológica que conecta la generación fotovoltaica en terrenos que son normalmente dedicados a la agricultura. Como esto no está regulado se corre el riesgo de que terrenos con gran potencial agrícola sean empleados para hacer producción eléctrica”, comenta el Dr. Mauricio Osses, académico del Departamento de Ingeniería Mecánica USM y director de Vinculación con el Medio en Campus San Joaquín.
Esta tecnología utiliza paneles solares que permiten generar un microclima, donde “el efecto que genera la sombra de los paneles FV reduce a su vez la temperatura del suelo, disminuyendo la evaporación del agua, lo que permite disminuir el consumo de agua destinado al riego. Además, este diseño protege los cultivos del granizo y lluvias intensas sin entorpecer el paso de maquinaria agrícola”, dice el académico, quién forma parte del Centro de Soluciones Energéticas Descentralizadas Avanzadas (SEDA), consorcio al cual pertenece la USM.
Como parte de las acciones del consorcio se ha elaborado un Policy Brief con recomendaciones para levantar una política pública que impulse este tipo de agricultura fotovoltaica, donde la evaluación en torno a la factibilidad de este diseño tecnológico ha sido parte del trabajo de tesis de Gabriel Durán, estudiante de Ingeniería Mecánica USM. Estos hallazgos han sido presentados recientemente en la Comisión de Recursos Hídricos, Agricultura y Ganadería de la Región de Valparaíso, así como también al Ministerio de Energía, Ministerio de Agricultura y en la Expo Agro, realizada en octubre 2024.
Paralelamente, se encuentra en marcha un proyecto piloto en la Región Metropolitana con el fin de levantar información específica sobre viabilidad según territorio y tipo de cultivo, con el fin de replicar la experiencia alemana.
Desafíos de la implementación
Uno de los principales desafíos en términos jurídicos es mantener el uso de suelo agrícola en sistemas AgriPV para asegurar la continuidad de la utilización agrícola, ya que esta categorización se puede perder en caso de incorporar otro tipo de actividades al terreno. En este sentido, “el objetivo principal debe ser la protección de las tierras de cultivo y la promoción de la tecnología en los casos donde el AgriPV pueda ofrecer sus mayores beneficios agrícolas y socioeconómicos”, explica Durán.
Por otra parte, es crucial que este tipo de iniciativas cuenten con el respaldo financiero, ya que los costos asociados a este tipo de instalaciones se dificultan para la pequeña y mediana agricultura. De esta manera, una de las estrategias de continuidad de este proyecto es fortalecer no sólo investigación para contar con evidencia concreta del impacto en suelo chileno, sino que también fortalecer una red industrial, política y social que incluya organizaciones, tales como, SAG, SEIA, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Energía, Comisión Nacional de Riego, empresas privadas y la academia.
